La muerte de una niña en Santiago de los Caballeros, presuntamente atropellada por un motorista, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que desde hace años crece sin control en República Dominicana: el caos del tránsito y la violencia cotidiana en las calles. La tragedia no solo enluta a una familia, también expone el fracaso colectivo de un sistema donde el irrespeto a las normas parece haberse normalizado.
Conducir en el país se ha transformado en una especie de supervivencia diaria. Motoristas que se desplazan entre vehículos, conductores que cruzan semáforos en rojo, choferes del transporte público detenidos en cualquier esquina y ciudadanos que desconocen —o simplemente ignoran— las leyes de tránsito forman parte de una escena repetitiva en avenidas y barrios. El problema ya dejó de ser únicamente de movilidad: se convirtió en un tema de seguridad ciudadana.
La gran pregunta es quién está educando a la población. ¿Quién enseña respeto por las señales, por los peatones y por la vida ajena? La Ley de Tránsito existe, las campañas también, pero en la práctica el desorden domina las vías públicas. Muchos ciudadanos obtienen licencias sin una verdadera formación vial y miles de motoristas circulan sin documentación, sin casco y sin ningún tipo de regulación efectiva.
En medio de ese escenario, el papel del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) vuelve a ser objeto de cuestionamientos. Las autoridades anuncian operativos, mesas de diálogo y planes de movilidad, pero la percepción ciudadana sigue siendo la misma: las calles permanecen fuera de control. La población no necesita únicamente multas o retenes temporales; necesita educación sostenida, fiscalización permanente y consecuencias reales para quienes violan la ley.
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad de algunos sectores del transporte. Existen choferes y motoristas responsables, pero también hay una parte importante del sistema que opera desde la imprudencia y la agresividad. En las calles dominicanas se discute por un roce, se amenaza por un toque de bocina y se responde con violencia ante cualquier incidente. El tránsito se ha convertido en un reflejo del deterioro de la convivencia social.
El problema alcanza dimensiones culturales. Muchos conductores crecieron viendo cómo se irrespetan las normas sin consecuencias. El peatón no tiene prioridad, los espacios públicos son ocupados sin orden y la ley parece negociable dependiendo de quién la incumpla. Esa percepción alimenta una cadena de caos que termina cobrando vidas.
La tragedia ocurrida en Santiago no debería convertirse en una noticia más dentro de la rutina informativa. Cada víctima del desorden vial representa una señal de alarma para un país que parece acostumbrarse demasiado rápido al dolor y a la impunidad. Mientras no exista una verdadera transformación en la educación vial, en la aplicación de la ley y en la cultura ciudadana, las calles seguirán siendo escenarios de riesgo permanente.
La pregunta ya no es si República Dominicana necesita ordenar el tránsito. La pregunta es cuánto más debe empeorar la situación para que las autoridades y la sociedad entiendan que el problema dejó de ser urgente hace mucho tiempo.