El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador y detalla que existen bases razonables para creer que las políticas de seguridad del Estado han derivado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otros abusos contra la población civil.
Durante la audiencia, Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que aunque El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de reducción de la criminalidad, los costos humanos han sido elevados, afectando a víctimas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. “Hoy muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”, indicó.
Según el informe, hasta agosto de 2025 se documentaron 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada. Susana SáCouto, también de DPLF, destacó que las violaciones documentadas incluyen encarcelamiento en violación de normas internacionales, tortura, asesinatos, violencia sexual y persecución sistemática de civiles.
GIPES recomendó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas crear una misión internacional de determinación de hechos para garantizar justicia y rendición de cuentas por estos abusos. El informe fue respaldado por varias organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y el Proyecto de Investigación IMPACTUM.
El documento subraya la necesidad de que la comunidad internacional supervise de cerca la situación en El Salvador, y advierte que sin mecanismos de control y justicia, las violaciones a derechos humanos podrían continuar bajo el marco del régimen de excepción vigente.lc