El artículo 9 establece que la amnistía no aplica a delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas o actos contemplados en la legislación anticorrupción. Asimismo, quedan fuera quienes hayan instigado, financiado o facilitado acciones armadas por parte de actores nacionales o extranjeros contra el Estado venezolano.
La medida abarca hechos ocurridos durante episodios clave de la historia reciente, como el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación de la ley, asegurando que abre un camino hacia el reencuentro nacional y la convivencia democrática. “Para que Venezuela se despoje del odio y prime el entendimiento”, afirmó tras firmar la legislación en el Palacio de Miraflores, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Rodríguez también pidió evaluar casos no contemplados en la ley para “curar heridas y reencauzar la convivencia democrática”. La aprobación ocurre en medio del “nuevo momento político” anunciado por el Ejecutivo interino, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE. UU. el pasado 3 de enero.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos, luego de más de 400 excarcelaciones desde el 8 de enero. Una de las más recientes fue la del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, liberado horas después de la aprobación de la ley. Mientras tanto, familiares de detenidos celebraron la decisión y anunciaron el fin de la huelga de hambre que mantenían diez mujeres desde el sábado. Entre lágrimas y abrazos, siguieron por teléfono el momento en que el Parlamento proclamó la aprobación unánime de la amnistía.lc