Santo Domingo.- El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para presos políticos, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que busca abarcar casos ocurridos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder. La propuesta, aprobada por unanimidad en un Legislativo de mayoría oficialista, abre un debate nacional sobre reconciliación, justicia, reparación y garantías para quienes han sido encarcelados por motivos políticos durante más de dos décadas.
El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para presos políticos, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que busca abarcar casos ocurridos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder. La propuesta, aprobada por unanimidad en un Legislativo de mayoría oficialista, abre un debate nacional sobre reconciliación, justicia, reparación y garantías para quienes han sido encarcelados por motivos políticos durante más de dos décadas.
La aprobación preliminar llega en un momento de fuerte tensión institucional y en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa. Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido liberados desde entonces, lo que ha generado expectativas y también cuestionamientos sobre el alcance real de la medida.
¿A quiénes beneficiaría la ley de amnistía?
El proyecto plantea una amnistía amplia para personas procesadas o condenadas por delitos de carácter político desde 1999. Esto incluye: Presos políticos actualmente detenidos por protestas, manifestaciones o acciones consideradas por el Estado como delitos contra el orden público, personas con medidas cautelares, como presentación periódica ante tribunales, ciudadanos en el exilio que enfrentan procesos judiciales vinculados a causas políticas, dirigentes opositores que han sido inhabilitados o perseguidos judicialmente por razones políticas, activistas, estudiantes y manifestantes detenidos en distintos ciclos de protestas, diputados opositores han insistido en que la ley debe garantizar que los beneficiados puedan reincorporarse a la vida pública sin temor a represalias, y que quienes regresen del exilio cuenten con seguridad jurídica.
¿Quiénes quedan excluidos?
El proyecto establece límites estrictos. No podrán recibir amnistía quienes estén procesados o condenados por: violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción, tráfico de drogas. Estas exclusiones buscan evitar que la amnistía sea interpretada como un mecanismo de impunidad para delitos graves, alineándose con estándares internacionales que prohíben perdonar crímenes que afectan a víctimas directas y a la sociedad.
Los argumentos a favor: reconciliación, estabilidad y diálogo políticoPara el oficialismo, la ley representa un paso hacia la “sanación nacional”. Jorge Arreaza, diputado y presidente de la comisión especial que consultará el proyecto, afirmó que la medida “allana el camino” para un diálogo político más amplio. Delcy Rodríguez, por su parte, pidió “madurez política” para avanzar hacia la reconciliación. Entre los argumentos favorables destacan: reencuentro nacional tras años de polarización, liberación de personas detenidas por motivos políticos, lo que podría reducir tensiones sociales. Apertura de espacios de diálogo entre sectores enfrentados.Restitución de derechos civiles y políticos a opositores y activistas, mejor clima político para procesos electorales futuros.
Algunos analistas consideran que la amnistía podría ser un gesto estratégico para mejorar la imagen internacional del país y abrir puertas a negociaciones multilaterales. Los argumentos en contra: dudas sobre garantías, justicia y transparenciaSectores opositores y organizaciones de derechos humanos han planteado preocupaciones importantes:Falta de garantías para los liberados, que temen nuevas detenciones o persecución judicial, ausencia de mecanismos de reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos, riesgo de selectividad, si la ley se aplica de manera desigual, temor a que la amnistía no implique cambios estructurales en el sistema judicial, incertidumbre sobre la independencia de la comisión encargada de consultas, diputados opositores como Tomás Guanipa han insistido en que la ley debe incluir estándares internacionales y asegurar que los liberados puedan “volver a la vida pública sin miedo”.
Un proyecto con impacto político y socialLa ley deberá ahora pasar por una fase de consultas con organizaciones civiles, familiares de presos, víctimas, expertos y sectores políticos. Luego será sometida a un segundo debate artículo por artículo, donde podría sufrir modificaciones.El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha pedido que la consulta sea “profunda” y que incluya a todos los sectores, incluso a víctimas de delitos cometidos durante los últimos 25 años.La discusión ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, marcado por denuncias de violaciones de derechos humanos, tensiones con Estados Unidos y un clima social que exige soluciones a largo plazo.
¿Qué puede significar esta ley para Venezuela?Si se aprueba con garantías sólidas, la ley podría reducir la conflictividad política, facilitar el retorno de exiliados, restituir derechos políticos, abrir un ciclo de diálogo más amplio. Pero si se percibe como incompleta o parcial, podría profundizar la desconfianza entre sectores y limitar su impacto real. El debate apenas comienza, y su resultado podría marcar un punto de inflexión en la historia política venezolana desde 1999.lc