Según la indagatoria, Arce estaría involucrado en un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. El caso se remonta a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), cuando se habrían autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente recluida en el penal de Obrajes.
El Fondioc administraba el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para financiar proyectos productivos en zonas rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3,197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares). Sin embargo, auditorías posteriores revelaron graves irregularidades:
- En 2015 la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, con un daño inicial de 71 millones de bolivianos.
- Investigaciones posteriores ampliaron las observaciones a más de 1,000 proyectos, elevando el perjuicio económico a más de 182 millones de dólares.
- Se identificaron desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales y proyectos aprobados sin documentación ni verificación de avance.
El año 2014, en pleno ciclo electoral, agravó la crisis: pese a las deudas acumuladas, se autorizaron desembolsos por 575 millones de bolivianos, lo que generó sospechas de uso político de los fondos para movilizaciones masivas.
El estallido del caso estuvo marcado por la denuncia del entonces director ejecutivo del Fondo, Marco Antonio Aramayo, quien reveló proyectos fantasma y sobrecostos. Su posterior procesamiento y muerte bajo custodia estatal desató un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y el uso político de la justicia.
La causa que hoy alcanza a Arce deriva de su rol en el directorio del Fondioc y de las decisiones administrativas tomadas durante los años en que se consolidó el esquema irregular. La Fiscalía busca determinar si hubo omisiones o avales que facilitaron el desvío de recursos, aunque aún no se ha difundido un cálculo oficial del daño atribuible directamente al ex presidente.
La detención ocurre en medio de una fractura interna del Movimiento al Socialismo (MAS), dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce. La ofensiva judicial profundiza esa ruptura y reconfigura el escenario político boliviano en un momento de alta incertidumbre institucional.lc