La acción, bautizada como “Operación Cobra”, incluyó 12 allanamientos simultáneos y la participación de 25 fiscales apoyados por más de 200 agentes de la Policía Nacional. Entre los detenidos figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El grupo enfrenta acusaciones de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Según la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, las evidencias recabadas muestran un esquema sistemático de corrupción que involucraba adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico y maniobras fraudulentas para distraer fondos públicos.
“La Operación Cobra llegará hasta el final de este caso. Además de sanciones penales, buscamos que cada peso sustraído retorne al Estado dominicano”, afirmó Reynoso. El presidente Luis Abinader respaldó la acción judicial y reafirmó la política de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. Recordó que desde el inicio de su gestión en 2020 ordenó investigaciones internas en Senasa tras detectar anomalías administrativas.
El informe remitido al Ministerio Público confirmó indicios claros de fraude, lo que derivó en el arresto de los exfuncionarios y suplidores. Abinader dispuso que Senasa se constituya en actor civil dentro del proceso judicial, con el objetivo de recuperar los fondos desviados. “Se impondrá todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al pueblo dominicano, sin excepciones ni privilegios”, subrayó el mandatario.
El caso Senasa representa un punto de inflexión en la lucha anticorrupción del país. Por un lado, evidencia la vulnerabilidad de instituciones que administran recursos vitales para millones de ciudadanos; por otro, muestra la voluntad política de judicializar los hallazgos y recuperar el dinero sustraído.
La operación también envía un mensaje de confianza a la ciudadanía: el Gobierno busca blindar el manejo de fondos públicos en sectores sensibles como la salud, donde la corrupción no solo afecta al patrimonio estatal, sino también al acceso de los afiliados a servicios esenciales.
La “Operación Cobra” abre un proceso judicial que promete ser largo y complejo, pero que marca un precedente en la defensa del patrimonio público. El desenlace será clave para medir la efectividad de los mecanismos de control y la capacidad del Estado dominicano de garantizar que no haya espacio para la impunidad.lc