Colombia.- La madrugada del 11 de agosto marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Colombia. Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, falleció luego de luchar por su vida durante dos meses tras atentado ocurrido durante un mitin político en Bogotá.
Su muerte ha reactivado los fantasmas del pasado: el país vuelve a enfrentarse al espectro del magnicidio como herramienta de silenciamiento político.
Un crimen que revive heridas históricas
Uribe Turbay, de 39 años, era considerado una de las figuras emergentes de la oposición. Nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 por el narcoterrorismo—, su trayectoria política estaba marcada por una narrativa de reconciliación y firmeza democrática.
El atentado fue perpetrado por una red de sicarios, entre ellos un menor de edad, bajo la presunta dirección de alias “Chipi”, líder de una célula criminal aún bajo investigación.
Colombia en tensión: polarización y violencia
El asesinato ocurre en un contexto de profunda polarización política donde la oposición busca capitalizar el descontento social. Las reformas del gobierno, la desfinanciación presupuestaria y los escándalos de corrupción han intensificado el debate público, en un país que se prepara para las elecciones de 2026.
Simultáneamente, la estrategia de “paz total” ha mostrado fisuras. La suspensión de diálogos con el ELN y el recrudecimiento de la violencia en regiones como el Catatumbo han dejado más de 36,000 desplazados en lo que va del año. La presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC ha aumentado significativamente, consolidando economías ilícitas y debilitando el control territorial del Estado.
¿Un nuevo punto de inflexión?
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. La ONU condenó el asesinato y llamó a la unidad contra la polarización. Estados Unidos, a través de su embajada, expresó su rechazo y exigió justicia. Human Rights Watch advirtió que, sin una política de seguridad efectiva, no hay garantía de derechos humanos para nadie.
El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que 2025 podría convertirse en el año más crudo en consecuencias humanitarias: más de 85,000 personas han vivido bajo confinamiento forzado, 58,000 han sido desplazadas y 524 han resultado heridas o muertas por explosivos.
¿Qué sigue para Colombia?
La muerte de Uribe Turbay podría redefinir el rumbo electoral. Analistas advierten que este magnicidio podría marcar el inicio de una nueva era de violencia política, similar a la vivida en los años 80 y 90.
El desafío es monumental: garantizar la vida de los líderes políticos, restaurar la confianza institucional y construir un consenso nacional que supere la lógica de la venganza. Como expresó el propio Uribe Turbay en su precampaña: “Perdonar, pero nunca olvidar”.