Se trata, detalló, de un producto de "alta sensibilidad" para la economía dominicana: "unas 320.000 personas trabajan el área (de ellas unas 20.000 en empleos directos y 300.000 indirectos), afecta a unas veinte provincias del país, produce alrededor de 26.000 millones de pesos anuales (más de 475 millones de dólares al cambio actual) que se mueven a través de la banca, los seguros, el transporte".
En su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, ya anunció la creación de una comisión para iniciar un proceso de protección a la producción nacional de arroz, debido a la desgravación arancelaria que se iniciará en dos años dentro del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica.
El martes pasado, Abinader afirmó que su país no permitirá la apertura del mercado nacional al arroz de Estados Unidos sin aranceles. "No vamos a permitir que se abra el país a la parte arrocera de Estados Unidos, un país que también subsidia a los arroceros", dijo Abinader a periodistas. Se trata de un tema que preocupa mucho al sector y, esta misma semana, la Unión Arrocera Dominicana consideró "necesario el blindaje definitivo de la producción nacional de arroz". El DR-Cafta fue firmado en 2004 y, en el caso de República Dominicana, entró en vigor en 2007.