Santo Domingo.- El libro, el número 45 del conocido autor, desarrolla el programa de derecho administrativo de las universidades nacionales y está llamado a sustituir Prontuario de Derecho Administrativo, todavía base de los programas universitarios. La obra realiza un análisis crítico y racional sobre las principales figuras del derecho administrativo dominicano, los cuerpos normativos que lo legitima, con una cuidada selección de jurisprudencias de las altas cortes, no tenemos dudas de que se convertirá en una obra de consulta obligada, expresa el Dr. Rafael Vásquez Goico, juez de la Suprema Corte de Justicia, en el prólogo.
Durante la puesta en circulación, Vincho Castillo, el último de los grandes maestros de derecho, calificó la obra de Lockward como trascendental y sitúa al autor por su aporte junto a Cundo Amiama, Fraoilan Tavares, Manuel Ubaldo Gómez y Manuel Troncoso, que entre otros son los diez grandes maestros por rama del derecho dominicano. "Me llama la atención el capítulo de la expropiación, tanto por su novedad, como por su contenido", declaró el jurista.
La publicación recoge la doctrina de la materia, analiza la legislación y jurisprudencia apoyada en 301 citas de autores y tribunales, incluidas las principales sentencias de las altas cortes dominicanas y en particular del Tribunal Superior Administrativo, órgano al cual la dedica, sobre una abundante bibliográfica de más de 54 libros citados. El borrador del texto de la investigación que da lugar al libro, en un gesto inusual, previo a su edición, fue entregado para su revisión a los directores de escuelas de derecho de todas las universidades, UASD, UNIBE, UTESA, UNICARIBE, entre otras.
El Autor, doctor por la Universidad de Castilla La Mancha en Derecho Constitucional, recientemente obtuvo del Tribunal Constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad del Arrastre Electoral y, en el 2014, en una de las sentencias trascendentes del TC, logró que fuera declarada la Ley del Registro Civil que databa de 1844, que obligaba al pago de tasas a los ayuntamientos por el registro de las sentencias y otros actos del Estado Civil que afectaban el derecho a la defensa y la gratuidad de la justicia.