Los centros sociales jesuitas valoraron positivamente que los poderes del Estado hayan honrado el compromiso consensuado con diferentes sectores de la sociedad de adoptar y aplicar una política inclusiva, que vuelve a reconocer la nacionalidad de los dominicanos de padres extranjeros con status migratorio irregular, inscritos en el registro civil.
Santo Domingo.- En un comunicado de prensa entienden que dicha valoración fue hecha después de ponderar la promulgación de la ley 169-14, que establece un régimen especial de convalidación de los registros civiles de esos dominicanos y un procedimiento para la acreditación de la identidad personal de los nacidos en el país de padres extranjeros en situación irregular, con vistas a la naturalización.
"La promulgación de la ley 169-14 implica un paso de avance, en tanto solución política concertada al conflicto que polarizó a la sociedad como consecuencia de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ahora los dominicanos y dominicanas cuentan con un punto de partida de alcance constitucional para abocarse a la solución de los grandes problemas económicos, sociales, institucionales y medioambientales del país, como lo plantea y ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030", según los centros sociales.
Indican que en el proceso fue significativa la participación de acreditados juristas y constitucionalistas del país, quienes hicieron frente a las digresiones jurídicas de unos pocos sectores que han buscado impedir la solución concertada al conflicto.
"Dichos juristas han señalado que la ley promulgada es equilibrada, políticamente viable, compatible con la sentencia TC 168-13 y consonante con la Constitución dominicana. En resumidas cuentas, reconocen que dicha ley, sin antagonizar con el fallo inapelable del TC, abre paso a una solución aceptable por su impacto humano inmediato y por su perspectiva futura de inclusión social", apuntan.
Aseguran en el documento que la ley consensuada y promulgada por el presidente Danilo Medina, dados su espíritu e intencionalidad, abre paso a la posibilidad de una solución política al conflicto suscitado originalmente por la resolución 12-07 de la Junta Central Electoral.
Destacan que dicha ley ha hecho innecesaria la intervención de la jurisprudencia internacional y que ha establecido un marco normativo para comenzar a subsanar un problema humano e institucional. Este marco ayudará a superar una política administrativa de desconocimiento de derechos civiles que ha venido causando dolor, humillación y amargura a miles de familias y discrepancias improductivas en el liderazgo político, social y pastoral de nuestra sociedad.
Manifiestan que los centros sociales de la Compañía de Jesús están en la disposición de trabajar para que la ley sea políticamente viable en lo por venir, y que el mejor signo será la armonización de los ánimos hasta ahora en conflicto. En ese sentido, apelan a que todas las posiciones contrapuestas respondan al llamado subyacente que hacen el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para que sin resentimientos trabajen por la reparación del daño causado a las personas afectadas por malas prácticas administrativas del Estado dominicano.
"La tarea es avanzar progresivamente en la solución definitiva del problema, sobre todo para aquellos hijos de padres extranjeros, nacidos y criados en el país como dominicanos, y que nunca tuvieron acceso efectivo al registro civil de su nacimiento", expresan.
Señalan que desde la sentencia TC168-13, la República Dominicana ha padecido un conflicto civil de alta intensidad, así como la presión moral y política de la comunidad internacional, y particularmente, ha estado bajo la mirada desconfiada de los organismos que velan por la protección y defensa de los derechos humanos.
"El Estado dominicano se ha visto cuestionado además por las naciones vecinas del Caribe y repudiado moralmente por la insensatez de limitar derechos adquiridos retroactivamente, más aún, ha estado al borde de una condena internacional por atentar contra la dignidad y los derechos civiles de un grupo masivo de personas con un perfil étnico determinado", señalan los centros de la Compañía de Jesús.
Consideran que el hecho se ha percibido con especial delicadeza porque no se registra ningún conflicto similar en la historia latinoamericana reciente. Manifiestan además, que en medio de un profundo dolor, desasosiego, cientos de plegarias, oraciones, cientos de jornadas cívicas de incidencia con los tomadores de decisiones; la prudencia y la sabiduría se ha hecho presente, y nos permite ver las cosas con mayor lucidez.
Dicen ser conscientes de que la solución política consensuada no puede llenar las expectativas de todos los sectores, sobre todo las demandas de muchas personas directamente afectadas por faltas de registro debidas a múltiples razones, incluyendo trabas burocráticas arbitrariamente impuestas a sus padres y negligencias que son responsabilidad de terceros. Así mismo, que tampoco han quedado complacidas las expectativas de quienes se oponen a la acreditación de la nacionalidad de los beneficiados por esta ley, una vez subsanada la integridad de sus derechos.