INTRODUCCIÓN: UNO DE LOS CINCO PILARES DE LA ECONOMIA DOMINICANA.
Datos recientes certifican que la industria de la construcción se ha convertido con el paso del tiempo y del desarrollo económico dominicano, en uno de los cinco pilares básicos del crecimiento económico en R.D., junto al turismo, las zonas francas, las telecomunicaciones y las remesas. En efecto, " la demanda de cemento, varillas, gravas y arena crece de manera sostenida, pero a un régimen muy superior a lo proyectado, ya que si tomamos como ejemplo el cemento portland gris tipo 1, encontramos que para el año 1970 la demanda nacional fue de 11 millones de fundas de 42.5 kilogramos, para el 1980 era de 20 millones de fundas y para el año 1990 ya se había colocado en 32 millones de fundas. El crecimiento de la demanda hacía suponer el consumo en 42 millones de fundas para 1999. Lo real fue que en 1999, debido a la fortaleza adquirida por el sector de la industria de la construcción, el consumo fue de 70 millones de fundas". ("Ing. R. Osiris de Léon, Codia: 2,000").
25 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN EL SECTOR CONSTRUCCION.
Ese crecimiento de un 700% del consumo de cemento en la década 1990-2000, con relación al año 1970 expresa la expansión económica de la industria de la construcción en esta última década, la enorme inversión de este sector, cercana a los 25 mil millones de pesos, un 18% del PIB, convirtiéndose de esta forma en uno de los sectores claves del gran crecimiento económico dominicano en las últimas décadas 1990-2016. "Pero si bien es cierto que nuestra economía crece aceleradamente hace cuarenta años y que ello se refleja en el sector construcción, no menos cierto es que el crecimiento de la construcción ha generado una presión excesiva sobre nuestros principales ríos, a los cuales se les requiere cada vez más agregados para ser convertidos en hormigones hidráulicos y hormigones asfálticos, demanda que hoy está en el orden de 15 millones de metros cúbicos por año, nos recuerda el mismo autor, el Ingeniero R. Osiris de León, ya en el año 2003.
Ya desde la década del 1970, nuestros ríos comenzaban a mostrar las profundas cicatrices dejadas por los areneros, quienes recurrían a estas fuentes naturales gracias a su fácil acceso y a que las gravas y arenas tienen en el río el mejor costo del mercado: son gratis. Para la década de los años 80 la situación se tornaba patética, al extremo que el 29 de septiembre de 1986, el Presidente Joaquín Balaguer, sabio estadista, consciente del grave daño provocado a nuestros ríos, emitió el decreto No. 257 que prohibe la extracción en los ríos Nigua, Nizao y Yubazo, por métodos manuales, mecánicos o de cualquier otra índole, es decir, prohibición total y absoluta. Ese decreto, vigente y no derogado, no ha sido respetado ni por los areneros ni por los gobiernos sucesivos, al punto de que han seguido en el año 2000-2016, las excavaciones mecánicas, no solo en estos ríos señalados por el decreto No. 257, sino en los demás ríos de la R.D. En una palabra, la devastación de los ríos y de su entorno es en la actualidad la política real de los agregados en todo el país. Y eso debe corregirse.
"La forma en que se extraen los agregados de los cauces fluviales y la extracción indiscriminada que han hecho de los agregados de los ríos las empresas que los suministran a la industria de la construcción con el daño subsiguiente directo a la hidrología subterránea, la hidrología superficial y los procesos erosivos los suelos agrícolas en las zonas de las terrazas fluviales, demandan establecer y aplicar políticas que se puedan mantener en el tiempo y que contribuyan con una explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, con el objetivo de que dichas operaciones de explotación y beneficio sean sostenibles y equitativas de tal forma que no logren el deterioro de las condiciones ambientales de su entorno sino que incluso coadyuven a mejorarlas". (Ing. Geólogo, Romeo Llinás: Nov. 1999).