La República Dominicana ya cuenta con leyes, instituciones y planes nacionales para
avanzar hacia una gestión integral de los residuos sólidos. La Ley núm. 225-20,
modificada por la Ley núm. 98-25, fortaleció el marco institucional y financiero del
sector. Además, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025-2035
procura articular las acciones del Estado con los planes municipales.
El país, por tanto, no se encuentra en una etapa de ausencia normativa. El desafío
actual es convertir las normas nacionales en capacidades reales de gestión dentro de
cada municipio.
Responsabilidades sin capacidades suficientes
Los ayuntamientos son responsables de la recolección, el transporte y parte importante
del manejo de los residuos. Sin embargo, asumir una competencia legal no significa
disponer automáticamente de personal especializado, equipos, información,
infraestructura y recursos suficientes.
Por eso, gran parte de la gestión municipal continúa concentrándose en recoger los
residuos acumulados y responder a situaciones inmediatas. Quedan relegadas tareas
como la separación en origen, el reciclaje, el compostaje, la educación ambiental y la
inclusión organizada de los recicladores.
Esta situación produce una descentralización incompleta: el municipio recibe la
responsabilidad, pero no siempre los medios necesarios para cumplirla.
Experiencias que pueden orientar al país
Colombia enfrentó una situación parecida y desarrolló los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, conocidos como PGIRS. Estos instrumentos obligan a los municipios
a realizar diagnósticos, definir metas, identificar responsables, asegurar recursos y
evaluar resultados. También deben articularse con los planes de desarrollo y los
presupuestos municipales. Los PGIRS continúan vigentes, aunque su metodología se
encuentra en proceso de actualización para incorporar el Programa Basura Cero y
fortalecer la economía circular.
La enseñanza colombiana es sencilla: un plan municipal debe ser más que un
documento técnico. Tiene que estar conectado con el presupuesto, los contratos de
recolección, las inversiones y la rendición de cuentas.
Dinamarca ofrece otra experiencia. Sus municipios elaboran planes de gestión a largo
plazo, organizan la separación de materiales y cobran tasas destinadas a cubrir el
costo del servicio. Además, el país aplica la responsabilidad extendida del productor,
mediante la cual las empresas asumen obligaciones sobre los productos y envases que
colocan en el mercado.
Dinamarca prácticamente eliminó el depósito de residuos municipales en vertederos,
pero todavía incinera cerca de la mitad para recuperar energía. Por eso, su experiencia
no debe copiarse mecánicamente: demuestra la importancia de la planificación
municipal y el financiamiento estable, pero también advierte que sustituir los vertederos
por incineración no garantiza por sí solo una economía circular.
Corea del Sur muestra el valor de los incentivos ciudadanos. Su sistema cobra por la
cantidad de residuos no reciclables generados, mientras facilita la recolección separada
de materiales aprovechables. También estableció la separación obligatoria de los
residuos alimentarios y restricciones para evitar que terminen sin tratamiento en
vertederos.
En otras palabras, quien genera más residuos mezclados paga más, mientras quien
separa y recicla reduce su costo. Esto combina regulación, educación, infraestructura e
incentivos económicos.
La enseñanza para la República Dominicana
La República Dominicana no necesita copiar un único modelo. Puede aprender de
Colombia que los planes municipales deben vincularse con presupuestos y metas; de
Dinamarca, que el servicio requiere planificación prolongada y financiamiento estable; y
de Corea del Sur, que la ciudadanía responde mejor cuando existen reglas claras e
incentivos concretos.
Territorializar una política significa que cada municipio conozca cuánto residuo genera,
dónde se produce, cuánto cuesta recogerlo, qué materiales pueden aprovecharse y
cuáles resultados debe alcanzar.
También supone reconocer las diferencias territoriales. Un municipio turístico, una
comunidad fronteriza, una zona agrícola y una ciudad densamente poblada no
requieren las mismas rutas, frecuencias, infraestructuras ni programas de
aprovechamiento.
El país ya ha dado el paso de crear leyes y diseñar una política nacional. La etapa
siguiente consiste en fortalecer a los ayuntamientos, integrar los planes municipales a
sus presupuestos y establecer indicadores públicos que permitan medir los avances.
El principal reto no es producir más documentos desde el centro, sino lograr que la
planificación nacional se convierta en recursos, capacidades y resultados visibles en
cada comunidad.