El término informal, según la Real Academia Española, se refiere a aquello que “no guarda las formas establecidas” o que “carece de reconocimiento oficial” en una estructura organizativa. Aplicado al mundo del trabajo, designa a las personas que desarrollan actividades económicas sin estar registradas, reguladas ni protegidas por el marco legal formal. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un trabajador informal es aquel que no cuenta con contrato legal, ni acceso a seguridad social, ni condiciones laborales garantizadas por el Estado, aunque su labor represente una contribución clave a la economía y al bienestar colectivo.
En el contexto de la gestión de residuos sólidos, esta definición cobra especial relevancia en los recicladores informales conocidos en República Dominicana como “buzos”, estos cumplen funciones esenciales para la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Recuperan materiales, reducen el volumen de desechos enviados a vertederos, mitigan la contaminación y contribuyen diariamente a la economía circular. Sin embargo, lo hacen desde una posición de exclusión institucional, social y política.
Estos individuos desempeñan una labor fundamental en la construcción de la nueva forma de organización que requieren las sociedades frente a los desafíos del cambio climático y la creciente generación de residuos.
¿De qué manera las políticas municipales en las ciudades pueden (o no) reconocer el aporte de los recicladores informales en la gestión de residuos sólidos?
A pesar de que los recicladores informales participan activamente en la cadena de recuperación y reducción de residuos en numerosos espacios urbanos —como parques, barrios y avenidas de las grandes ciudades—, las políticas municipales tienden a ignorar su existencia como actores estratégicos. Esta omisión responde a un enfoque institucional que prioriza la tercerización de servicios a empresas formales y la visibilidad estética del espacio público, dejando de lado a quienes operan desde la periferia del sistema. Lejos de ser un problema marginal, esta exclusión constituye una oportunidad perdida para integrar saberes locales, reducir los costos del servicio, mejorar la eficiencia de la recolección y fomentar prácticas sostenibles desde abajo.
Incorporar a estos actores en los planes municipales —a través de esquemas cooperativos, licencias comunitarias, programas de formalización inclusiva o contratos de servicio— no solo fortalecería la eficacia de la gestión de residuos en las ciudades, sino que representaría un avance hacia una política pública más democrática, participativa y ambientalmente comprometida.
En su obra El capital en la era del Antropoceno, el filósofo japonés Kohei Saito lanza una crítica contundente al modelo institucionalizado del desarrollo sostenible. Afirma: “Los ODS son, ni más ni menos, la versión moderna del opio del pueblo. Y la realidad que debemos afrontar, sin buscar refugio en el opio, son los cambios casi irremediables a los que estamos sometiendo al planeta Tierra” (p. 13). Esta afirmación, que reinterpreta la crítica marxista a la religión como forma de alivio ilusorio ante el sufrimiento, cuestiona la autenticidad de los compromisos internacionales frente al colapso ecológico.
En el contexto de la gestión de residuos en las ciudades, esta visión crítica permite analizar la exclusión sistemática de los recicladores informales. Aunque estos actores cumplen una función esencial en la reducción del volumen de desechos, su trabajo permanece fuera del marco institucional porque no encaja en los protocolos tecnocráticos y mercantiles del desarrollo “sostenible”. Así, la sostenibilidad proclamada se convierte en un discurso legitimador de la exclusión estructural, que prioriza indicadores, contratos formales y vitrinas limpias por encima de la justicia ambiental y el reconocimiento social.
Desde una perspectiva sociológica crítica, la invisibilización del reciclador informal responde a una lógica de estructuración social donde el orden urbano se define en función del valor económico y simbólico del trabajo. Como afirma Pierre Bourdieu: “el espacio social tiende a funcionar como un campo de fuerzas, pero también como un campo de luchas”, en el que los agentes sociales se posicionan según el capital que poseen —económico, cultural, social y simbólico—. En este orden jerárquico, el reciclador informal representa un sujeto sin legitimidad institucional. Su trabajo, aunque funcional al sistema urbano, está devaluado porque carece de inscripción legal, visibilidad política o prestigio técnico. Esta marginación se acentúa bajo regímenes neoliberales donde la política pública se orienta más hacia la eficiencia y la formalización que hacia la equidad.
En este sentido, la crítica de Saito a los ODS adquiere un valor sociológico: los recicladores quedan fuera del marco institucional no por falta de mérito ambiental, sino porque no encarnan el tipo de ciudadanía reconocido por el desarrollo sostenible globalizado. Su exclusión es una forma de violencia simbólica, naturalizada bajo la promesa de modernidad y orden urbano.
Reconocer a los buzos como sujetos políticos —con voz, derechos y rol protagónico— no es un gesto asistencialista, sino una condición necesaria para una verdadera transición ecológica en las ciudades. Ignorarlos resulta no solo injusto, sino profundamente ineficiente. H.A.A.