Rodríguez señaló que los casos excluidos expresamente en la normativa podrán ser atendidos a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática y de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el alcance jurídico del anuncio ni sobre el procedimiento que se aplicará a partir de ahora.
De acuerdo con cifras de ONG venezolanas, aún permanecen 473 presos políticos, lo que ha intensificado las críticas hacia la medida. Organizaciones como Provea, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón advirtieron que la Ley de Amnistía solo puede ser modificada o derogada por otra ley aprobada por el Parlamento o por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Estas organizaciones alertaron que la declaración del Ejecutivo constituye un “acto de inseguridad jurídica” que podría dejar en vulnerabilidad a las víctimas y enviar una señal preocupante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales a desestimar solicitudes de libertad basadas en una premisa que no existe en el ordenamiento legal.
Según datos ofrecidos previamente por el diputado oficialista Jorge Arreaza, hasta el miércoles se habían registrado 8.616 personas amnistiadas, de las cuales 314 estaban privadas de libertad y el resto bajo medidas cautelares. También indicó que se recibieron más de 12.000 solicitudes válidas de amnistía, aunque las autoridades no han publicado un listado oficial de beneficiarios, pese a los llamados del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG.
El anuncio de Rodríguez reabre el debate sobre la transparencia, el alcance y la aplicación de la Ley de Amnistía, así como sobre la situación de los cientos de detenidos por motivos políticos en el país.lc