Los manifestantes expresaron preocupación por la iniciativa conocida como “ley de fraude de pensiones por invalidez”, que, según organizaciones del sector, podría afectar la continuidad de prestaciones esenciales. Durante la protesta se exhibieron pancartas con mensajes como “basta de crueldad” y “por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”.
El Gobierno sostiene que entre 2003 y 2023 las pensiones por invalidez crecieron de 76.000 a 1.200.000, lo que, según sus argumentos, genera dudas sobre la forma en que fueron otorgadas. Sin embargo, los organizadores de la protesta afirman que el proyecto “instala una mirada estigmatizante” y desvía la atención de los problemas estructurales del sistema.
Las organizaciones defensoras de derechos de las personas con discapacidad advirtieron que los cambios propuestos podrían generar retrocesos en materia de inclusión y acceso a servicios básicos. También señalaron que la discusión debe centrarse en mejorar la gestión y garantizar la protección social, no en restringir derechos.
Durante la jornada participaron familias, activistas y profesionales que trabajan en rehabilitación y acompañamiento terapéutico, quienes insistieron en la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad reiteró su llamado al diálogo y pidió al Gobierno revisar el proyecto para evitar impactos negativos en un sector históricamente vulnerable.
La movilización se suma a otras expresiones de rechazo registradas en distintas provincias del país, en un contexto de debate nacional sobre el futuro del sistema de pensiones y la protección social.lc