Santo Domingo..- El Estado dominicano deja de percibir más de 1,600 millones de pesos al año por la informalidad en el sector de la seguridad privada, una situación que distorsiona la competencia y debilita la sostenibilidad de las compañías que operan dentro del marco legal, aseguró la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc).
La advertencia fue realizada por el presidente del gremio, mayor general retirado Freddy González Estrada, al intervenir en la Asamblea General Ordinaria de la entidad, celebrada en el salón de eventos de la Torre Empresarial AIRD, de acuerdo a un documento difundido este sábado.
González Estrada explicó que, según un estudio del sector, mientras las empresas formales realizan "importantes aportes" al fisco y a la seguridad social, una parte significativa del mercado opera al margen de la ley, generando una "fuga de recursos" que afecta directamente al Estado y crea una competencia desleal.
El dirigente empresarial señaló que esta práctica impacta negativamente la calidad del servicio y limita el crecimiento de un sector que cumple una función esencial en la protección de actividades productivas y estratégicas del país.
Asimismo, destacó que la seguridad privada genera cerca de 62,000 empleos directos y sustenta a más de 266,000 personas, lo que evidencia su importancia en el tejido social y económico de la República Dominicana.
En ese contexto, insistió en la necesidad de establecer un marco regulatorio claro, estable y coherente, al considerar que los cambios constantes en los criterios de supervisión generan incertidumbre y afectan la operatividad de las empresas.
El presidente de Adesinc expresó además la disposición del gremio de colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para fortalecer la institucionalidad del sector, elevar los estándares del servicio y enfrentar la informalidad de manera más efectiva.