Según Acosta Moreta, la compañía solo cuenta con permiso de exploración, no de explotación, lo que constituye una violación directa a los reglamentos establecidos por el Ministerio de Energía y Minas. Explicó que la autorización otorgada por las autoridades permite únicamente evaluar la factibilidad del área para una posible explotación futura, siempre y cuando se otorgue un permiso formal.
El dirigente político afirmó que, pese a ello, la empresa estaría extrayendo minerales sin supervisión estatal, lo que provoca daños ambientales significativos, incluyendo la eliminación de árboles y la remoción de grandes extensiones de tierra.
También señaló que los responsables de la operación se han aprovechado del desconocimiento de los campesinos, quienes habrían arrendado sus terrenos sin comprender la diferencia entre exploración y explotación minera. Indicó que estos reciben pagos trimestrales por el uso de sus tierras, sin mayores explicaciones sobre la actividad real que allí se desarrolla.
Acosta Moreta aseguró que lleva más de tres años denunciando esta situación sin obtener respuesta de las autoridades competentes. Recordó que, con el precio internacional del oro por encima de los cinco mil dólares la onza, el país estaría dejando de percibir ingresos importantes debido a esta explotación clandestina. Finalmente, hizo un llamado urgente al Ministerio de Energía y Minas para que investigue el caso y detenga de inmediato las operaciones ilegales en El Copey.lc