Las organizaciones advierten que esta decisión podría validar intentos históricos de apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta, articulados por sectores políticos, empresariales y particulares. Esta amenaza, aseguran, pone en peligro la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales del Estado dominicano. “La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o registro administrativo. Estas zonas existen porque han sido creadas por ley y cumplen una función ambiental y social esencial”, señala el comunicado de la Coalición.
Además, alertan que permitir que omisiones técnicas o cartográficas prevalezcan sobre leyes vigentes abriría la puerta a una judicialización masiva del Sinap, generando incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país. Las organizaciones reiteran que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto al marco legal.
En ese sentido, la Coalición anunció su disposición a intervenir voluntariamente en los procesos judiciales pertinentes, con el objetivo de revertir lo que consideran un desatino jurídico. También hicieron un llamado a las instancias judiciales competentes para que ponderen el interés público, el principio de no regresión ambiental y los derechos colectivos a un medio ambiente sano.lc