Azua.- La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Azua dejó en estado de fallo la audiencia correspondiente al proceso de amparo interpuesto contra la llegada de dos nuevas barcazas generadoras de energía eléctrica a la comunidad de Los Negros, luego de que los abogados del gobierno recusaran a la magistrada que conocía el caso.
La recusación fue presentada bajo el alegato de que la jueza no era competente para conocer dicho proceso jurídico. Sin embargo, la magistrada rechazó de manera categórica los argumentos expuestos por la representación legal del gobierno, afirmando que ha actuado con plena competencia en todos los procesos bajo su conocimiento y que no posee ningún interés personal ni vínculo con ninguna de las partes involucradas.
Pese a rechazar la recusación, la jueza decidió no fijar fecha para una nueva audiencia, dejando el proceso en una situación de espera, lo que ha generado inquietud entre las comunidades afectadas y las organizaciones accionantes.
La acción de amparo fue interpuesta a raíz de la llegada de dos nuevas barcazas generadoras de energía eléctrica a la comunidad de Los Negros, provincia de Azua, proyecto que, según los demandantes, ha provocado daños significativos a los moradores de la zona, tanto en el ámbito ambiental como social.
Entre las organizaciones que interpusieron el recurso figuran el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Inc. (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), Ciudadanos contra la Corrupción C3, Fundación Macorís Verde, Grupo Ecológico Quisqueya, Grupo CAE, Fundación Ambiente y Salud Roseva, Fundación Bienestar Social y Solidario y Fundación Danimidi.
La parte accionante estuvo siendo respaldada por los abogados Euren Cuevas Medina, Benustride Beltré, Eddy Rossis y Agapito Figueredo Feliz.
Además, fuera de la audiencia se congregaron varios afectados por la instalación de las barcazas, quienes reclamaban el respeto de sus derechos y manifestaron su rechazo al proyecto.
El caso ha despertado una creciente preocupación a nivel comunitario y nacional debido a los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto, por lo que la atención pública se centra ahora en la próxima audiencia, donde se espera que el tribunal continúe con el conocimiento del proceso con la participación de todas las partes.
Las organizaciones accionantes reiteraron su firme compromiso con la defensa del medio ambiente y exigieron que se deje sin efecto la licencia ambiental otorgada al proyecto. Aseguran que dicha autorización fue emitida en violación a los principios de legalidad, participación ciudadana y sostenibilidad, pilares fundamentales que deben regir toda decisión ambiental en la República Dominicana. H.A.A.