El presidente Luis Abinader justificó esta colaboración como parte de una política de seguridad compartida, subrayando que las amenazas como el tráfico de drogas “no reconocen fronteras”. El acuerdo, según el reportaje, se concibe como temporal y respetuoso de la soberanía nacional, pero representa un gesto político claro de alineamiento con Washington.
Para Estados Unidos, la República Dominicana se ha convertido en un socio confiable en una región donde no todos los gobiernos están dispuestos a asumir ese nivel de cercanía. El respaldo dominicano se inscribe en un esfuerzo más amplio de la Casa Blanca por tejer una red de aliados caribeños capaces de servir como plataformas logísticas, de vigilancia aérea y marítima, y de intercambio de inteligencia.
El artículo también destaca el papel de Trinidad y Tobago, que ha permitido la presencia de tropas estadounidenses, ejercicios militares conjuntos y la instalación de sistemas de radar para el monitoreo regional. Esta decisión ha generado debates internos, con sectores que advierten sobre el riesgo de un conflicto mayor con Venezuela.
El Washington Post contextualiza estas alianzas en el marco de la mayor acumulación de activos militares estadounidenses en el Caribe en décadas, en medio de una política más dura hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que incluye bloqueos a embarcaciones petroleras y una narrativa de confrontación directa.
Desde Caracas, estas acciones son vistas como una estrategia de cerco, acusando a Washington de utilizar a países caribeños como plataformas para presionar y aislar a Venezuela. En este escenario, República Dominicana y Trinidad y Tobago emergen como piezas clave de una arquitectura regional que redefine los equilibrios tradicionales en el Caribe y recalienta la geopolítica hemisférica.lc