Santo Domingo.- La 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició esta semana con la presencia de más de 190 jefes de Estado y de Gobierno en un contexto global marcado por la guerra en Ucrania, el recrudecimiento del conflicto en Gaza, la crisis en Sudán, la emergencia climática y el rezago de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La agenda está cargada: desde la búsqueda de consenso en torno a la solución de dos Estados en Medio Oriente, hasta debates sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, pasando por la exigencia de mayor financiación climática para los países más vulnerables. Los pequeños Estados insulares han vuelto a reclamar compromisos tangibles de adaptación frente a fenómenos extremos, mientras que organismos como la propia Secretaría General de la ONU insisten en que apenas un 17 % de las metas de los ODS al 2030 se encuentra en camino de cumplirse.
Sin embargo, más allá de los discursos y las fotos oficiales, esta Asamblea llega acompañada de una pregunta de fondo: ¿sigue siendo efectiva la ONU como foro multilateral para la resolución de conflictos internacionales?
Las promesas frente a la realidad
La efectividad de la ONU no se mide tanto en los consensos de la Asamblea —cuyas resoluciones no son vinculantes— sino en el desempeño del Consejo de Seguridad, cuya capacidad de acción se ha visto reiteradamente bloqueada por el uso del derecho a veto de sus miembros permanentes.
En los últimos cinco años, la brecha entre las resoluciones aprobadas y su cumplimiento ha puesto en duda la capacidad real del organismo:
Gaza (2023–2025): varios intentos de alto el fuego se diluyeron entre vetos y negociaciones fallidas. Cuando finalmente se logró aprobar una resolución de cese humanitario en 2024, la medida tuvo un cumplimiento limitado y la crisis humanitaria continuó.
Ucrania (desde 2022): la Asamblea General ha aprobado con mayorías abrumadoras resoluciones que condenan la invasión rusa, útiles en términos diplomáticos, pero el Consejo de Seguridad permanece atado por el veto de Moscú, dejando la gestión del conflicto en manos de coaliciones bilaterales o regionales.
Sudán (2023–2025): pese a la devastación de la guerra civil y el riesgo de hambruna masiva, la acción de la ONU ha sido intermitente y sin un impacto decisivo en el terreno.
En contraste, los avances más palpables han estado en áreas menos geopolíticas, como el Tratado de Alta Mar para la protección de los océanos, ratificado en 2023, o los esfuerzos técnicos en cambio climático. Allí, donde los intereses de las grandes potencias no se enfrentan directamente, el multilateralismo ha mostrado mayor capacidad de progreso.
Un foro bajo escrutinio
La Asamblea General de este año confirma que la ONU sigue siendo una plataforma indispensable para poner los grandes problemas sobre la mesa y dotarlos de visibilidad global. Pero la creciente incapacidad del Consejo de Seguridad para actuar frente a crisis de alta intensidad erosiona la legitimidad de la institución.
El debate sobre la reforma del Consejo —especialmente sobre la limitación del derecho a veto en casos de atrocidades masivas— vuelve a resurgir en los pasillos de Nueva York, aunque sin perspectivas claras de avance. Sin cambios estructurales, la ONU corre el riesgo de consolidarse como “la mejor sala para decir lo correcto”, pero no el lugar donde se decida cómo y quién lo hace.
La ONU sigue siendo un espacio necesario para medir la temperatura de la comunidad internacional, pero su efectividad como mecanismo de resolución de conflictos depende de un rediseño urgente de su gobernanza. Mientras tanto, sus resoluciones seguirán navegando entre la esperanza de los discursos y la frustración de los hechos.lc