Compra de votos y sobornos: la "captura" del Congreso de Guatemala

Guatemala.- El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron este lunes las solicitudes de antejuicio contra el aspirante a la primera magistratura por el partido oficial y actual diputado Estuardo Galdámez; el ministro de Economía, Acisclo Valladares; y otros seis parlamentarios por el caso conocido como "Subordinación del poder legislativo al Ejecutivo. Una expresión de la captura del Estado (el mecanismo de la compra de votos)".

En esta trama, según la investigación, la exvicepresidenta Roxana Baldetti -quien enfrenta varios casos de corrupción- dirigía desde el Gobierno (2012-2015) la actividad del Congreso a su antojo, socavando la separación de poderes y, según fuentes del caso consultadas por Acan-Efe, es un "síntoma" que responde a "algo más grave": la "alteración del orden democrático".

La investigación de esta trama, que operó entre enero de 2012 y los primeros meses de 2015, comenzó por una información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de determinadas leyes y ahí se comprobó que dentro del Estado "operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva".

De esta manera, los diputados de la formación Partido Patriota -en ese momento el oficial- recibían y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta en reuniones sostenidas horas antes de las sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como legisladores, respondiendo así "a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales".

La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de 50.000 quetzales (unos 6.500 dólares) por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de Baldetti de manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones Tigo, como el ahora ministro Valladares y Luis Fernando Valladares Guillén, director ejecutivo (CEO) de la compañía, desde la oficina principal de la entidad.

Ya en las oficinas de la Vicepresidencia, el dinero -bautizado como "champurradas"- era entregado en sobres de manila a los diputados de confianza, conocidos como "jefes de línea" o "brochas" -que lo iban a recoger en persona- y ellos lo debían dividir entre todos los legisladores de la bancada oficial -62 en el año 2012, 61 en el 2013, 55 en el 2014 y 44 en el 2015-.

Se estima que en total los jefes de línea, que además eran los encargados de trasmitir las órdenes de Baldetti a sus compañeros para aprobar o no las leyes, se pagaron unos 57 millones de quetzales (unos 7,4 millones de dólares) para aprobar leyes, nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Apelaciones, designar contralor o elegir a las juntas directivas del Congreso durante esos cuatro años.

Producto de estos pactos se sancionaron proyectos como la "Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos" -conocida como Ley Tigo-, la cual vio la luz verde el 8 de abril de 2014 tras una serie de negociaciones entre los empresarios y la propia vicepresidenta, sin pasar por los diputados.

De hecho, según las pruebas de este caso -que incluyen copias de correos y conversaciones, documentos y declaraciones de testigos y de miembros de la propia red-, los parlamentarios no conocían la ley hasta ese día y su versión final era impuesta por Baldetti para que fuera aprobada sin ningún cambio, resultando la compañía Tigo como "las más beneficiada" por su aprobación, aunque fuera declarada inconstitucional más tarde.

La iniciativa fue modificada unas horas antes de su aprobación para intentar maquillarla con el tema del bloqueo de la señal en los centros carcelarios, un tema que pasó de ser una disposición final a constituir el primer artículo del proyecto y formar parte del título.

Según la investigación, la empresa Tigo y otras vinculadas a ella presentaron el primer día varias solicitudes de autorizaciones, lo que da a entender a los investigadores que estos grandes proyectos estaban realizados desde antes, además de que fue la empresa que más resoluciones a favor tuvo tanto para la instalación de antenas, como de postes o kilómetros de fibra óptica, poniéndose en "ventaja competitiva" frente a otras del sector.

Fuentes del caso, que estaba listo desde hace meses, aseguran que el dueño de Tigo, Mario Estrada -considerado como uno de los hombres más ricos de la región-, tenía una relación "muy estrecha" con Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina, y que era "habitual" que tuvieran desayunos en la residencia del empresario.

Galdámez, que entró en el Congreso con el Partido Patriota en el año 2012 -con el Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, es candidato a la Presidencia de Guatemala para las elecciones del próximo 16 de junio por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El candidato actualmente es parlamentario y supuestamente era uno de los jefes de línea de esta trama, de los que recibía órdenes directas de Baldetti en reuniones y también a través de un chat en el que ponía "mi línea ya está enterada".

Por todo este caso las autoridades solicitaron desaforar al actual ministro de Economía, el diputado y candidato a la primera magistratura Galdámez y otros seis parlamentarios, a los que acusan de delitos como asociación ilícita, cohecho activo, violación a la constitución y lavado de dinero (pues algunos adquirieron bienes como vehículos sin justificar la procedencia del dinero).

La Fiscalía y la Cicig explicaron que no han citado ni capturado a otras personas involucradas porque hay una orden judicial en la que se ordena que "por sanidad procesal" se remitan las actuaciones al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera, el mismo que ordenó capturar a la exfiscal Thelma Aldana.

Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales y según la Fiscalía aunque no tienen esta calidad "han promovido una serie de impugnaciones, así como tres denuncias penales contra fiscales del caso" que retrasan la causa.