Adesa exige frente al Congreso mayor presupuesto para el sector salud

Santo Domingo.- La Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) exigió hoy frente al Congreso que se incremente el presupuesto para el sector salud y entregó a los diputados un documento exponiendo la crisis que atraviesa la sanidad dominicana, informó hoy la plataforma en un comunicado.

La coordinadora de Adesa, Alba Reyes, dijo que el proyecto de presupuesto general del Estado para 2019 mantiene el mismo nivel de gasto social en salud de los últimos 10 años, señalando que entre 2010 y 2018 el presupuesto promedio ha sido 1.8 % del PIB.

Para 2019, el anteproyecto de ley deja el gasto general en salud “en el mismo horizonte presupuestario”, al situarlo en 81,261.6 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento vegetativo de 3.7 % con respecto a los 78,381.4 millones presupuestados en 2018, apunta Adesa.

Sin embargo, lo presupuestado propiamente para la función salud, se reduce en un 2.9 %, al pasar de 78,221.50 millones en 2018 a 75,929.30 millones en el proyecto de presupuesto de 2019, lo que supone que “en el clasificador funcional el presupuesto de salud se recorta en 2,292.20 millones”, afirma la entidad.

Para Adesa, esta reducción en el presupuesto de salud “es una barbaridad y una enorme injusticia, que prolongará la crisis sanitaria del país y que se traduce en dolor, muertes y enfermedades prevenibles.”

La plataforma solicita que la Comisión Bicameral de Presupuesto 2019 solicite formalmente al Poder Ejecutivo que aumente de forma sustantiva el presupuesto general de salud pública, atendiendo a los compromisos recogidos en la ley 1-12 y estableciendo un programa de incremento progresivo que permita que, de cara a 2030, el Estado pueda cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En ese sentido, demandaron que el Estado “aumente en al menos un uno por ciento del PIB los próximos 2 años, para que en el año 2020 alcance el 4 % del PIB previsto en dicha ley”

También exigen que se declaren en estado de emergencia los hospitales materno infantiles del país y la atención en estas especialidades en todos los niveles del sistema sanitario nacional, especialmente en las Unidades de Atención Primaria y en los Centros de Primer Nivel de Atención de todo el país.

Asimismo, con el fin de reducir sustancialmente la mortalidad materna y neonatal, se pide la asignación de al menos 0.5 % del PIB a la atención integral de las mujeres embarazadas.