El Gobierno de Ecuador ha iniciado una persecución al correísmo, según un abogado

Quito.- Según el analista, esa percepción se concreta con la detención, con fines de investigación fiscal, de Paola Pabón, la prefecta de Pichincha, cuya capital es Quito, acusada de "rebelión" relacionada con las violentas protestas en el país. Aguilar, que se declara "nada afín" al correísmo, consideró que el país vive "un momento político muy peligroso", porque le parece que "se ha convertido en un delito el opinar", incluso a través de las redes sociales como Twitter.

El letrado reveló que aceptó auspiciar la defensa de Pabón por la injusticia que considera existe detrás de su detención, por ser correísta y por un comentario político escrito en las redes sociales. "Se está criminalizando una ideología", como es el correísmo, y solo falta que "proscriban al partido de Correa", opinó el también académico.

Recordó que la supuesta "persecución" al correísmo arreció tras el fin de las manifestaciones del movimiento indígena, que logró que el presidente Lenín Moreno diera marcha atrás en la aplicación de un polémico decreto que eliminaba el subsidio a las gasolinas, medida ligada a un acuerdo crediticio con el FMI.

Según Aguilar, ese revés sufrido por el Ejecutivo fue rápidamente asimilado con acciones judiciales que han intentado ligar la violencia en las manifestaciones con unos supuestos intentos desestabilizadores desde el correísmo. Por parte del Gobierno "hay la construcción de un discurso que recoge el sentimiento ciudadano contra la violencia", comentó el experto al considerar que con esa táctica el presidente Moreno parece haber "salido fortalecido".

Aguilar tampoco descartó que la represión estatal pueda recrudecer en el futuro cercano, para evitar otra escalada de protestas como la que se vivió en el país en los últimos días. Un último informe de la Defensoría del Pueblo asegura que son ocho las personas que fallecieron en relación a las protestas indígenas. Además, indicó que se han registrado un total de 1.192 personas detenidas y 1.340 heridas.

A la orden de prisión preventiva contra la prefecta Paola Pabón se suma la búsqueda policial del dirigente correísta Virgilio Hernández y la protección que le ha dado la Embajada de México en Quito a otros siete militantes, añadió Aguilar. Entre ellos están las asambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri, el legislador alterno Luis Fernando Molina y la expresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) Gabriela Rivadeneira.

Además, mencionó que otros diez colaboradores del Gobierno de Correa (2007-2017) han pedido refugio en otros países tras rechazar acciones judiciales en su contra, emprendidas sobre todo por la Fiscalía y avaladas por el actual presidente del país, Lenín Moreno. El exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa recibió en 2018 asilo en Bolivia, al igual que la exlegisladora Sofía Espín; mientras que en octubre de ese mismo año México concedió asilo al excanciller Ricardo Patiño, figura clave del correísmo.