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Plantas a Carbón
Plantas a Carbón

Las plantas de carbón: un embrollo cada vez más enredado

Por Redacción Diario Hispaniola
jueves 21 de agosto de 2014, 15:24h

El futuro de las plantas de carbón que el gobierno está construyendo en Punta Catalina, provincia Peravia, es incierto. El gobierno se opone a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que suspende la licitación.

Santo Domingo.- Desde que asumió sus funciones en agosto de 2012 el gobierno del presidente Danilo Medina se propuso resolver el déficit en la generación de energía eléctrica y el alto costo de ésta asumiendo directamente la construcción de dos grandes plantas generadoras de electricidad movidas por carbón.

A la vuelta de dos años la construcción de estas plantas está puesta en entredicho. El consorcio que recibió la adjudicación de la edificación no ha obtenido el financiamiento que se suponía había asegurado al participar en la licitación pública internacional.

A pesar de no contar con financiamiento internacional el gobierno dominicano dio luz verde al inicio del proyecto desde diciembre pasado, comprometiendo fondos propios y recurriendo al endeudamiento con la banca local.

La construcción de las plantas de generación ha producido muchos debates. La decisión misma del gobierno de erigirlas directamente, la opción a favor del carbón, la transparencia de la licitación, el tema del financiamiento, el emplazamiento de la obra, sus efectos ambientales y sobre la salud de las personas, son todos aspectos que han desatado polémicas todavía no resueltas.

Las empresas privadas generadoras de electricidad, así como los centros de pensamiento orientados por el credo neoliberal, han condenado la decisión del gobierno de hacer votar una ley autorizándolo a participar directamente en el negocio eléctrico.

La opción a favor del carbón ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas, comunicadores sociales y por grupos comunitarios de la provincia Peravia, lugar escogido para la construcción.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) organizó dos paneles, uno en su campus principal en Santo Domingo, y el otro en Baní, capital de la provincia Peravia situada a apenas diez kilómetros del lugar donde serían construidas las plantas.

Entre los opositores al carbón se destaca el papel jugado por Max Puig, ex ministro de Medio Ambiente y presidente del partido opositor Alianza por la Democracia (APD). Éste ha insistido en los daños que produciría el carbón a República Dominicana, considerado uno de los diez países más afectados por el cambio climático.

Rebatiendo la argumentación del gobierno el ex ministro Puig ha destacado que al final de cuentas el carbón resulta ser la más cara de las fuentes energéticas, al sumárseles a los costos directos de la operación de las plantas los gastos en salud en que deberán incurrir los ciudadanos y el Estado como resultado de la contaminación generada por el carbón.

Resalta que la mayor parte de los dirigentes políticos tradicionales del país han apoyado al gobierno en su propósito de construir las plantas de carbón. Aunque el  partido de gobierno, de la Liberación Dominicana, no se ha pronunciado oficialmente al respecto se da por sentado de su aprobación al proyecto. Miguel Vargas, el ex presidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, que son los principales dirigentes del hoy dividido Partido Revolucionario Dominicano, han manifestado su respaldo a la construcción de las plantas por el gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado Federico Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, aliado del gobierno.

Una de las empresas participantes en la licitación, la china Gezhouba Group, ha objetado su exclusión ante el Tribunal Superior Administrativo y señalado que el grupo beneficiario de la adjudicación, encabezado por el consorcio brasileño, Odebrecht presentó una oferta que duplica la suya.

Aunque el Tribunal decidió la suspensión de la licitación hasta el conocimiento del fondo de la demanda el gobierno parece reacio a acatar la decisión judicial.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, a cargo de la obra, declaró que los trabajos continuarán a pesar del fallo.

La actitud de desacato frente a la sentencia que parece prevalecer en el gobierno contrasta con la asumida hace menos de un año cuando el Tribunal Constitucional dictó un polémico fallo sobre la nacionalidad de los dominicanos descendientes de haitianos.

El presidente Medina y su gobierno insistieron desde un primer momento que estaban obligados a asumir ese fallo que dividió a la sociedad dominicana y que, a juicio de muchos, desconoce derechos humanos fundamentales y convenios internacionales asumidos por la República Dominicana.

Otro de los asuntos polémicos es el del financiamiento de la obra. Originalmente se estableció que se trataba de un proyecto llave en mano y que una de las condiciones indispensables que debían cumplir las empresas participantes en la licitación era la de garantizar la obtención del financiamiento.

Aunque la obra fue adjudica hace ya casi un año todavía las plantas de carbón no tienen financiamiento asegurado. Mientras los opositores al proyecto señalan que esto es el resultado de las restricciones crecientes que tienen los financiamientos de plantas de carbón a nivel internacional, desde el gobierno se afirma que la no obtención de los crédito de debe al boicot de los sectores contrarios a las plantas, entre los que incluye a los propietarios de las plantas generadoras en operación en la actualidad.

Otro aspecto de la discusión gira en torno al emplazamiento de las plantas. El gobierno escogió el lugar de Punta Catalina en la provincia Peravia. Los sectores ambientalistas y residentes locales comparten la expresión del ex ministro Puig de que "Peravia podría convertirse en un valle de la muerte".

La Comisión Ambiental de la UASD, encabezada por el biólogo Luis Carvajal, ha insistido en que hasta ahora no ha podido evaluar los posibles daños ambientales del proyecto por el hecho de que el gobierno comenzó las obras civiles sin que se hayan dado a conocer los estudios ambientales previstos por la ley. La comisión universitaria ha criticado en términos duros la violación de la ley ambiental de parte del gobierno en el caso de este proyecto.

El Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente  y la Agropecuario de la Provincia Peravia, encabezado por Héctor Turbí, expresa sin ambages su oposición a las plantas de carbón señalando que la provincia se convertiría en "un infierno improductivo lleno de enfermos".

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