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encuentro celebrado entre técnicos del MICM encabezados por el Viceministro Alberty Canela y del sector privado para abordar los detalles del proyecto.
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encuentro celebrado entre técnicos del MICM encabezados por el Viceministro Alberty Canela y del sector privado para abordar los detalles del proyecto. (Foto: Fuente externa)

MICM y sector privado discuten proyecto ley Comercio Ilícito de Hidrocarburos, bebidas alcohólicas y tabaco

Por Redacción Diario Hispaniola
sábado 23 de septiembre de 2017, 21:41h
Representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto a técnicos del sector público y privado, involucrados en los temas de comercio, iniciaron las discusiones sobre el Proyecto de Ley para la Prevención del Comercio Ilícito de Hidrocarburos, Bebidas Alcohólicas y derivados del Tabaco.
Santo Domingo.- El proyecto, presentado por el senador de la provincia Monte Plata, Charlie Mariotti, tiene como objetivo principal reforzar el combate al contrabando, falsificación y piratería, mediante la aplicación de fuertes sanciones al tráfico y comercio ilícito de estos productos altamente regulados.

En las discusiones participaron el viceministro de Comercio Interno, Leonardo Alberti Canela, y Miguelina Estevez, encargada del Departamento de Regulación de Mercado de la Dirección de Comercio Interno, quienes destacaron la importancia que tiene la aprobación de este proyecto de ley tanto para el sector comercial como para la ciudadanía en sentido general, informó la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Al concluir la reunión, los funcionarios del MICM señalaron que el comercio ilícito de productos regulados distorsiona la dinámica del mercado local e internacional, ya que obliga a los productores y comerciantes que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias, a competir en condiciones de desigualdad.

Asimismo, subrayaron que provoca un aumento en los niveles de corrupción y de los presupuestos dedicados a seguridad ciudadana, ponen en peligro la seguridad y la salud pública, plantean problemas sociales y medioambientales y vulnerar el derecho penal o administrativo como en los casos de evasión fiscal y aduanera o de fraude.
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