El gobierno mantiene el control del Tribunal Superior Electoral con caras nuevas

Santo Domingo.- Las decisiones tomadas en el proceso de elección provocaron opiniones encontradas, al punto que los dos únicos miembros de la oposición en el Consejo se negaron a firmar el acta de elección y no participaron en la rueda de prensa realizada al final de la jornada de trabajo del CNM.

En sentido general, las designaciones en la Suprema Corte de Justicia fueron bien recibidas, salvo en el caso de un juez señalado como dirigente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana. La escogencia de Ramón Herrera Carbuccia como presidente de la Cámara Civil y, en tanto tal, como primer sustituto del presidente de la SCJ, ha sido reconocida como un acierto. La elección de tres jueces de carrera no ha sido objetada, a diferencia de lo acontecido en el caso de Moisés Ferrer Landrón, reportado como peledeista.

La elección de los integrantes del Tribunal Superior Electoral fue otro cantar. De entrada, toda la oposición se había manifestado con firmeza en contra de la permanencia en esta corte de cualquiera de los titulares o suplentes en ejercicio. La razón aducida era clara: su evidente parcialización a favor del partido de gobierno en múltiples fallos.

Los partidos de la oposición habían reclamado formalmente que se escogiera a los jueces mediante consenso y que estos fueran personas imparciales, sin compromisos o ataduras con partidos políticos u otros intereses según lo establecido en la Ley 29-11 que rige el TSE, destacando que de no producirse la elección de esta manera ello constituiría “una provocación inadmisible”.

Aunque durante las sesiones televisadas el presidente Medina defendió la labor de los magistrados salientes, el presidente electo del nuevo TSE fue Román Jáquez Liranzo, suplente del presidente saliente, junto a otros nueve juristas que no formaban parte de la estructura anterior.

El análisis de conjunto de los titulares y suplentes designados muestra una clara orientación a favor del partido de gobierno, particularmente evidente en el caso de los suplentes, como ya había acontecido en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral en meses pasados.

Las respuestas de la oposición han sido disímiles. El Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de sus representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, destacó el carácter unilateral de la elección y la orientación peledeista de la mayor parte de los escogidos.

Llama la atención que los partidos de la oposición de orientación más conservadora se han mostrado complacidos con la elección, obviando el hecho de que el gobierno no accediera al reclamo de diálogo que el conjunto de la oposición había exigido.

Federico -Quique- Antún, del PRSC; Elías Wessin Chávez, del PQDC, y Vinicio Castillo Semán, de la FNP, aplaudieron la selección, acercándose de hecho al gobierno. Esta coincidencia se suma a otra. Durante los últimos días estos partidos han asumido como tema central de su discurso el de la creciente presencia de ciudadanos haitianos en la República Dominicana. Este tema, impulsado desde el gobierno, se ha convertido en una preocupación fundamental de estos partidos opositores, dejando de lado las demandas principales de la oposición ciudadana expresadas en las multitudinarias manifestaciones del movimiento Marcha Verde que exigen castigo a la corrupción y el fin de la impunidad.

Algunos de los jueces escogidos como miembros del TSE han sido duramente criticados. Este es el caso de Cristian Perdomo, ex secretaria de la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Este, denunciada explícitamente como la responsable directa de las irregularidades cometidas en esa demarcación electoral en las elecciones del año pasado. El activista Claudio Caamaño Vélez expresó que su designación fue “un premio a su rol activo en el fraude electoral”.

Para la ex candidata presidencial de la Alianza por la Democracia (APD), Minou Tavárez Mirabal, todo se habría reducido a un cambio de jueces leonelistas por jueces danilistas. Dicho en otras palabras: el gobierno habría logrado mantener el mismo control que tenía sobre el Tribunal Superior Electoral pero ahora con caras nuevas.