El juez Ortega se retira para conocer oposición al proceso abogados defensa

Santo Domingo.- Ortega, magistrado especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), reanudó la audiencia contra acusados como el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, señalado como el responsable de distribuir los sobornos.

Precisamente, fueron los abogados de Rondón, quienes reclamaron al juez que el Ministerio Público no había suministrado las pruebas contra su defendido, lo que consideraron como atentatorio contra el debido proceso.

En similares términos se expresó la abogada de Montás, quien presentó oficialmente un recurso de oposición contra la decisión de Ortega, de reiniciar la audiencia sin que la defensa conociera, alegadamente, las pruebas contra su cliente.

Tras la pausa, abogados del imputado Conrad Pittaluga aseguraron que el tribunal está vulnerando el principio de contradicción del derecho jurídico procesal, ya que solo han recibido documentos de acusación, pero no inventario de pruebas contra sus defendidos, y calificaron de "viciado" el proceso.

Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público acusó a Rondón de recibir dinero por parte de Odebrecht para sobornar a funcionarios y legisladores dominicanos, y aseguró que poseía documentación sobre la manera en que el empresario hacía estas operaciones.

Los fiscales explicaron que también tenían bajo su poder las confesiones de los principales ejecutivos de Odebrecht en República Dominicana.

A esa altura del proceso, fue que los abogados defensores iniciaron sus reclamos al juez Ortega, quien debió llamar al orden en numerosas oportunidades.

Montás, Rondón, Pittaluga, Díaz Rúa y Bautista están detenidos desde la mañana del lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al igual que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura; del exadminitrador de la CDE, César Sánchez; de exdiputado del PRD, Rudy González; del exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez, y el exfuncionario de la CDE, Máximo De Óleo.

Otros acusados son el ingeniero Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país, pero aseguró que regresará para enfrentar las acusaciones, así como los senadores del PLD, Julio César Valentín (Santiago); Tommy Galán (San Cristóbal), y el diputado Alfredo Pacheco, del PRM.

Estos tres últimos asisten a las audiencias, pero no están detenidos ya que gozan del fuero parlamentario mientras se desarrolla la presenta legislatura. Los tres han reclamado su inocencia y, afirman, dispuestos a despojarse de su inmunidad para ser procesados.

La Procuraduría General de la República ha pedido que sean despojados de ese privilegio, pero la decisión sobre el particular la deberán tomar el Senado y la Cámara de Diputados.

En la audiencia de anoche, los abogados de los implicados en este sonado caso reclamaron la puesta en libertad de sus clientes, pero Ortega decidió mantenerlos en prisión hasta conocer las medidas de coerción solicitada ayer mismo por el Ministerio Público.

El juez también rechazó la nulidad del proceso, como solicitaron algunos abogados, bajo el alegato de que uno de los acusados, es decir, Castellanos, estaba fuera del país, además de que no había sido citado, por lo que el magistrado le excluyó del resto.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las acusaciones han estremecido a la clase política dominicana, pues entre los involucrados figuran altos dirigentes de los dos principales formaciones políticos del país, el oficialista PLD y el principal de la oposición, el PRM.

Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.EFE