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Las Políticas Públicas de Juventud en República Dominicana

Por Enmanuel Díaz Santiago
lunes 24 de abril de 2017, 23:02h
Independiente de los claros esfuerzos, en los sectores público y privado, República Dominicana es un Estado fallido en términos de aplicación, implementación y desarrollo de políticas públicas con enfoque en juventud.

Hablar de políticas públicas inevitablemente requiere hablar de la política. Parafraseando un poco a Laswell, las políticas públicas podrían definirse como el conjunto de programas o acciones de agenda pública que tienen los gobiernos, independiente de sus niveles de injerencia.

República Dominicana es un país poco planificado en términos de políticas públicas. Esto se debe, fundamentalmente, a los cambios de regímenes políticos, cuyos ideales y objetivos cambiantes, no permiten dar continuidad a una agenda unificada que favorezca al colectivo, reemplazando la importancia de los programas y planes a un espectro meramente político, incoherente, clientelar y corrupto.

El diseño de planes y proyectos, en la función práctica de nuestro sistema democrático, deviene en la interadjudicación de potestades y choques de funciones públicas entre el legislador, el gobierno central y los gobiernos locales. Nuevamente porque no hay una base planificada de cómo deben diseñarse los planes y programas para beneficio de las colectividades, sino que las decisiones públicas están altamente basadas en sus beneficios y costes de carácter político.

En términos de políticas públicas con focus en jóvenes, encontramos dos textos de carácter jurídico: la Ley General de Juventud 49-00 y su reglamento de implementación numerado bajo el 834-02. La Constitución no es específica con relación a derechos o deberes directos o planificación obligatoria del Estado en este sentido. Habla de educación, cultura y deporte, entre otros ejes que más que enfocados en jóvenes, yo diría, tienen una dimensión general.

El Ministerio de la Juventud es la organización de carácter público destinada al diseño de políticas públicas con enfoque en juventud. Lo que muchas personas y organizaciones no entienden es que el MJ es un órgano enteramente coordinador de la política del Estado en materia de juventud y no una entidad directamente responsable de la implementación de programas o proyectos, aunque claro que puede aportar en el margen de sus posibilidades financieras y administrativas.

Supone un reto para casi todas las organizaciones públicas y privadas reservar partidas y compromisos técnicos y logísticos a favor de capacidades que generen oportunidades para los jóvenes.

Desde el MESCYT desarrollar programas de becas, el Ministerio de Trabajo crear estrategias de consolidación de empleos formales para jóvenes y el Ministerio de Cultura proponer la creación de entidades alternativas para formación y promoción de artistas jóvenes dominicanos; el Ministerio de MYPIMES debe trabajar en la cultura emprendedora de los jóvenes y el Ministerio de la Mujer debe enfocarse en las problemáticas de las mujeres jóvenes. Por poner algunos ejemplos de entidades que deben aplicar principios constitucionales y de leyes, para la correcta estructuración de políticas públicas de juventud.

En Europa existe una mesa de trabajo que coordina posiciones unificadas de los gobiernos de la comunidad europea entorno al desarrollo de los jóvenes. El Foro Europeo de la Juventud propuso hace algunas décadas la creación de comités o consejos nacionales o regionales, que tuvieran por objeto diseñar programas puntuales y verificar su implementación a mediano y largo plazo.

De esa sugerencia programática surgió en España la creación de Consejo de Juventud de España (órgano multisectorial, no gubernamental) que propuso la creación de, entre otras muchas políticas, un Ministerio de la Juventud.

En República Dominicana hemos fallado en nuestro esfuerzo de concertar una agenda común, multifocal e incluyente. El MJ por sí solo no puede asumir la función de crear una agenda unilateral (que en la práctica es lo que hace) que no tome en cuenta a los diversos actores del proceso, principalmente sus protagonistas: los jóvenes. Pero también ha sido un fallo de los propios jóvenes en su interés difuso por los asuntos que les aquejan directamente.

Un claro ejemplo del no-seguimiento de políticas por asuntos políticamente inciertos, es el Foro de Políticas Públicas de Juventud realizado en 2013. Se supone que este foro funcionaría como una consulta pública a un grupo de actores para proponer de forma directa estrategias o ideas que ayudaran a la construcción de políticas públicas. De aquel foro no salió un decálogo final de trabajo serio, aplicable o funcional. De allí solo vemos notas de prensa que enlistan, en el más estricto sentido, las “necesidades básicas de la juventud dominicana de cara a un nuevo Plan Nacional de Juventud”.

No dar seguimiento a ese trabajo y dejarlo anclado en el discurso, es la primera cuota de responsabilidad que como grupo social debemos auto-cobrarnos. No organizar a los sub-grupos del sector para participar y proponer, es la segunda cuota. Y no solicitar al Estado y los gobiernos locales la aplicación de las políticas contempladas en la ya desfasada Ley General de la Juventud, es el error que la historia se está encargando de hacernos pagar.






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