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Jean A. Rodriguez
Jean A. Rodriguez (Foto: PresidenciaRD)

Odebrecht con fecha límite para entregar lista de sobornados

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reveló este miércoles que la homologación del acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht, pone más cerca el encarcelamiento de los que aceptaron sobornos y acelera la investigación, calificando dicho acontecimiento “como un trascendental paso de avance en la lucha contra la corrupción”.
Santo Domingo.- Al ofrecer declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio Público explicó que “aunque el acuerdo establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, hemos logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, esta multinacional se comprometa a entregar a la Procuraduría General de la República (PGR), la lista de quiénes recibieron esos pagos ilícitos, así como también, todos los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder”.

Informó que además Odebrecht queda obligada a obtener y suministrar en forma ágil, cualquier otro dato especifico que le sea requerido por el Ministerio Público, precisando que con esas informaciones, junto a las que suministrarán las autoridades brasileñas y las recabadas en el país durante la investigación puesta en marcha desde finales de diciembre pasado, “completaremos el rompecabezas para someter a la justicia a los corruptos, sin importar quienes sean”.

El procurador general dijo que tal y como prometió, el acuerdo homologado será divulgado integro en las próximas horas, señalando que con el mismo se da inicio al reclamado fin de la impunidad, pues sin necesidad de un largo juicio, a la empresa carioca se le ha confirmado la sanción prevista en la Ley 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, destacando además que, en un hito sin precedentes, esta es la primera vez que República Dominicana logra ser resarcida en un caso de corrupción”.

Rodríguez indicó también que “la retención o el retraso de parte de la constructora brasileña, en la entrega de la información sobre los hechos delictivos cometidos en el país, ocasionaría que el Ministerio Público reinicie automáticamente las medidas cautelares en contra de esta”.

El procurador general dijo además que “el acuerdo estipula que serán sometidos a la justicia las sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados, así como también, funcionarios públicos o exservidores del Estado, que hayan recibido o participado en el pago de sobornos”.

Recordó que “la multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos, y sus ejecutivos, específicamente los señores Marcelo Odebrecht y Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, ya fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil, y que el principio internacional de única persecución judicial, consignado también en la Constitución dominicana, impide que por los mismos hechos puedan ser condenados por la justicia en República Dominicana”.

Señaló que “el acuerdo no limita investigaciones sobre otro tipo de infracciones y reveló que si se detecta que Odebrecht pagó más de los US$92 millones admitidos como soborno, adicionalmente deberá pagar el duplo del excedente”.

El procurador puntualizó además que durante los tres primeros años, el Estado dominicano recibirá US$92 MM, equivalente a la mitad de la indemnización lograda de US$184 millones y que los US$92 MM restantes en un plazo máximo de 5 años, con un privilegio de pago sobre los demás países afectados por la trama ilícita, exceptuando Brasil, Estados Unidos y Suiza”.

Rodríguez dijo que en un caso declarado complejo por un juez, como es este de los sobornos pagados por Odebrecht, el artículo 370-6, del Código Procesal Penal Dominicano, faculta al Ministerio Público “para tal y como se hizo, solicitar a un juez o tribunal, la aplicación de un criterio de oportunidad, si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, como en efecto está ocurriendo”.

“También cuando ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles, cuya persecución facilita o cuya continuación evita, y que en este caso, la pena máxima en la ley dominicana sobre sobornos corresponde al duplo del soborno, pena que es inferior a la prisión establecida para los sobornados que serían procesados”, dijo el procurador.
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